Este informe presenta un estudio sobre la viabilidad de implementar estrategias bigeneracionales en las Instituciones Juveniles (IJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Estas estrategias, dirigidas a toda la familia, buscan romper el ciclo de pobreza mediante servicios integrados, simultáneos y coordinados, enfocándose en la educación, el empleo, la salud, el bienestar y el desarrollo económico. El estudio también resalta la interdependencia del bienestar familiar y cómo la detención afecta a todos los miembros de la familia, especialmente a los hijos e hijas de padres y madres encarcelados/as.

El informe señala que más de la mitad de los jóvenes en custodia están atrapados en un ciclo de encarcelamiento intrafamiliar, lo que afecta su bienestar emocional, físico y educativo. Las estrategias bigeneracionales abordan estas problemáticas y buscan mejorar la movilidad económica de las familias, lo cual, según la evidencia, reduce la reincidencia juvenil. Además, se identifican los servicios disponibles en las IJ y la necesidad de intensificar el apoyo en áreas como salud mental, crianza, masculinidades y abuso de sustancias.

Las políticas públicas analizadas en el estudio, como la Ley de Menores de Puerto Rico y el Plan Estratégico 2021–2025 del DCR, coinciden con los principios de las estrategias bigeneracionales. Se recomienda fortalecer la integración de servicios mediante alianzas con organizaciones externas, especialmente para el desarrollo de capital social, estudios postsecundarios e inserción laboral. También se propone la creación de un sistema de datos integrados para evaluar el impacto de las estrategias en la movilidad económica y la reincidencia de los jóvenes.

Para llevar a cabo estas estrategias, se estima un presupuesto anual de entre $1,548,000 y $1,718,000, con fondos ya asignados para algunos de los servicios recomendados. Es necesario una reevaluación del presupuesto, considerando fuentes federales, estatales y privadas. Además, se sugiere capacitar a los implementadores de políticas públicas y garantizar la participación activa de las familias en el diseño y evaluación de los programas, promoviendo colaboraciones multisectoriales para mejorar la equidad y la efectividad de los servicios.

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